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Vergonzosa actuación policial en Valencia


El estado tiene en su posesión el monopolio exclusivo de la violencia. En un estado democrático, el ejercicio de la violencia se usa dentro de sus fronteras  para proteger a sus ciudadanos y para garantizar las libertades públicas que se establecen en su carta magna, es decir, la constitución. Además, se establece que estos cuerpos que ejercen el uso de la violencia legítima que nunca podrán sobrepasar sus funciones y actuar en contra de los derechos esenciales que tienen todos los ciudadanos en un estado plenamente democrático y de derecho.

Pues bien, parece que la Policía Nacional de la ciudad de Valencia, no conoce sus limitaciones, sus atribuciones y sus responsabilidades, ya que ayer protagonizaron un incidente lamentable, condenable y repugnante.

Ayer, en la capital levantina se realizaban manifestaciones por parte de los estudiantes de los centros públicos de secundaria en protesta porque sus institutos no les garantizan la calefacción, las fotocopias (indispensable para el normal desarrollo de la actividad docente, etc. Todo esto es fruto de la mala gestión de los políticos valencianos, que han convertido la preciosa tierra de levante en una fosa séptica donde la corrupción parece crónica, e incluso haberse institucionalizado. Esa política del despilfarro, de la desfachatez, del pelotazo ha llevado a la ruina al País Valencià, con lo que en lugar de tomar políticas alternativas a los recortes, la Generalitat ha optado por recortar en lo más básico: educación y sanidad. Esos recortes los padecen los estudiantes de los centros que ayer, como ya he indicado, se manifestaban.

Esos estudiantes que ejercían su derecho de protesta y de desobediencia civil pacífica fueron atacados por los cuerpos de seguridad del estado, sota el mandato del delegado del gobierno en Valencia. Los estudiantes, conviene recordarlo, no tienen apenas 18 años, es decir, son menores, con lo que ejercer la violencia sobre los individuos más débiles de la sociedad, es además de ignominioso, una auténtica desproporción y demencia.

Valencia parece que se convierte en un estado pseudototalitario, donde el sacrosanto derecho de la libertad de expresión y manifestación consagrado en la constitución española en el artículo 20.1 se posterga al silencio, donde se golpea con alevosía y contundencia a unos chavales que reclaman algo tan básico (y establecido en la constitución en su artículo 27) como una educación pública, laica, gratuita y de calidad, que debe ser promovida por los poderes civiles y públicos. Además, se debe también recordar que España se define como “un estado social y democrático de derecho “. Pues el gobierno valenciano no conoce el primer artículo de la constitución porque el adjetivo de social se pierde cuando se recorta vilmente en los servicios básicos, el de democrático tampoco porque no garantiza la libertad de expresión y el derecho porque abusa de la ley y la incumple al aplicar la violencia sobre menores.

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