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La igualdad de oportunidades


El candidato a la presidencia del gobierno por parte del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, decía que su objetivo de compromiso social, aparte de crear  empleo, era garantizar la igualdad de oportunidades como eje de eliminación de las desigualdades sociales. Su discurso de igualdad de cara a la galería era profundamente progresista y denotaba compromiso con la justicia social. No obstante como bien apuntaban el periodista Antonio Papel y el economista y politólogo Vicenç Navarro desde perspectivas diferentes, el término igualdad de oportunidades solo respondía a la idea de defender el sistema público de sanidad y educación, denostando vilmente una reforma fiscal progresiva para que paguen los que más tienen. La defensa de tales sistemas públicos en si es loable y admirable, pero la igualdad de oportunidades entendida así carece de su sentido trasgresor y trasformador. La concepción de dicho que vamos a detallar nace desde una óptica marxista pero aplicada al sistema parlamentario que tenemos actualmente.

En primer lugar, para lograr tal objetivo es necesaria e indispensable una reforma tributaria de índole progresiva y progresista. Esta se logra para que paguen más lo que más tienen modificando el IRPF para los ricos, que actualmente gozan de infames excepciones fiscales y través de la restauración del impuesto sobre patrimonio (que grave las rentas altas), la elevación del tipo sobre sucesiones, un impuesto a la banca privada, impuesto de solidaridad a las rentas que cobren más del 90.000 euros y un impuesto sobre las empresas de energía. Se sabe que esto podría desembocar en una huída de capitales que se podría solucionar con un decreto ley al igual como lo hacen con la expulsión injusta de inmigrantes.  No obstante en lo que se refiere a las empresas energéticas se podría abogar por una estatalización y nacionalización de estas. También en la banca la creación de una banca pública que compita con la privada para garantizar que fluya el crédito a las Pymes y autónomos que son los creadores de empleo del país, y no las multinacionales ex públicas regaladas por los ministros económicos observándose un grave conflicto de intereses subyacentes a las decisiones privatizadoras.

En segundo lugar, para garantizar desde el punto de vista social la igualdad de oportunidades se debería estatizar los cuatro pilares básicos de nuestro estado del medioestar (como acertadamente denominaba Llamazares). Es decir el sistema educativo, sanitario, de pensiones y de dependencia sería exclusivamente público. Así desaparecería  la segregación social clasista entre los asistentes a lo público y los de lo privado. También de un plumazo desaparecería la educación cerrada ideológicamente y anti plural de los colegios concertados (privados), que tanto beneficia a uno de los poderes fácticos de nuestro estado: la iglesia.

Todo esto serviría para lograr ese propósito tan anhelado por la clase trabajadora: la igualdad. Hoy rebautizada como de oportunidades. Dicho objetivo es fundamental en una democracia y se debería  luchar para conseguirla. Lástima que ese propósito sea uno más de esa retórica social-liberal para intentar captar el voto izquierdista.

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